La situación ideal de la producción de frutas comprende a un productor capitalizado, con acceso al crédito bancario, con sólidos conocimientos de la actividad y del mercado, produciendo las variedades más requeridas de primera calidad, y con un tamaño de explotación (15-35 has.) que pueda manejarse sin una importante estructura administrativa, pagando los impuestos correspondientes y con “espalda financiera” para soportar malas temporadas.
El precio al que vende su producción es el que le permite mantener la calidad y cantidad de producción, renovar las maquinarias agrícolas necesarias, capacitarse constantemente y llevar un digno nivel de vida. En el caso de los más emprendedores es posible que logren algún grado de integración vertical (empaque, frío y comercialización).
Este productor sabe que si se “duerme” y no se mantiene actualizado, puede quedar rezagado y tener que dejar el lugar a quien sea capaz de hacerlo mejor que él. Nada diferente a lo que ocurre con los empresarios de cualquier otra actividad productiva o comercial.
Sin embargo, la realidad hoy es más cercana a productores descapitalizados y desfinanciados, sin acceso al crédito bancario, produciendo fruta no valorada por el mercado, con maquinaria obsoleta y sin posibilidad de renovarla, sin capacitación y con unidades de explotación de tamaño poco eficiente. En muchos casos reciben ayuda de los gobiernos provincial y nacional que no les permite mucho más que la subsistencia. De más está decir, que el hecho de que gran parte de las limitadas tierras productivas del Alto Valle esté en manos de este tipo de productores no es lo mejor para la economía regional.
Orgullosos, los legisladores exponen como un logro la sanción de la ley 4348 que suspende los remates hipotecarios.
Si bien nadie puede negar que cualquier productor prefiere que no le rematen la chacra a que sí se la rematen, y que obviamente se verá beneficiado por la ley; el análisis debe ser mucho más profundo para ver si realmente beneficia o entorpece la actividad económica.
Saliendo de la situación de la familia desesperada porque le van a rematar la chacra y mirando la realidad desde la perspectiva del negocio, claramente los perjuicios superan a los beneficios.
Los perjudicados son muchos otros productores y el negocio en general.
Se perjudican en primer término los productores que sí hicieron el esfuerzo de cancelar el crédito, que se sienten en una situación de desventaja.
También se perjudican los productores que quieren financiarse con créditos bancarios, porque los bancos, (que no hacen beneficencia ni deben hacerlo) no están dispuestos a otorgar créditos al sector productor, ya que tienen la imposibilidad de ejecutar la garantía en caso de no poder cobrar sus deudas.
Se interfiere en el proceso de transferencia de las tierras a quién mejor uso puede hacer de las mismas. Si se remata una chacra, seguramente va a ir a manos de quién pueda hacer un buen uso de la misma, con conocimientos técnicos y recursos financieros para hacerla rentable.
Y además, el banco va a recibir el dinero adeudado y puede volver a prestarlo.
O sea que sin querer se está limitando el acceso al crédito del sector productor y se está desaprovechando la posibilidad de darle un mejor uso a una buena parte de la limitada superficie de tierras del Alto Valle. Perjudicando así el negocio en general.
Dado que muchos productores no tienen los conocimientos técnicos ni los recursos financieros para producir y que esta ley (y otras políticas públicas) no hace más que acentuar esos problemas, se está dando la oportunidad a que sean las grandes empresas integradas las que se dediquen a producir su propia fruta, porque no encuentran productores confiables. Es decir que esta ley también fomenta la tan temida concentración.
Los costos unitarios de producción son más bajos para un productor que para una empresa, debido a que no tiene una gran estructura administrativa que soportar. Por lo tanto es conveniente para una empresa exportadora comprar la fruta (si cumple con los requerimientos del mercado) y no producirla. Sin embargo, muchos de los productores no están en condiciones técnicas, económicas ni financieras de producir frutas de calidad, entonces son las empresas exportadoras las que se vuelcan a la producción, aún siendo ineficientes, porque sí tienen acceso al crédito bancario y conocimientos técnicos.
La actuación estatal hoy es casi una política social, se preocupa por los casos particulares, sin tener en cuenta lo productivo, ni mucho menos la economía regional. Mediante subsidios y otros beneficios mantiene en estado latente a un importante grupo de productores con políticas asistencialistas. Estas políticas de ninguna manera fomentan que se alcance el potencial productivo de nuestras tierras.
Sería muy positivo que el estado ponga toda su energía en aquellos aspectos que no son alcanzables por los privados. Eliminar las trabas burocráticas, arancelarias y no arancelarias. Desarrollar y mantener vías de comunicación para facilitar la logística nacional e internacional. Trabajar a nivel diplomático para llegar a nuevos mercados internacionales. Y obviamente, controlar a empresas y productores en el cumplimiento de las obligaciones sanitarias, tributarias y laborales.
Dejando que el mercado actúe con sus propios mecanismos de premios y castigos, que es el camino a una producción de calidad.
Publicado en ADN Río Negro el 27-1-11
