El sistema unitario de facto en el que se desarrollan las instituciones de la República Argentina está sostenido tanto en las voluntades de los sectores políticos como en la pasividad de los ciudadanos.
Sabemos que son las provincias las encargadas de brindar los bienes públicos más importantes: educación, salud, seguridad y justicia; pero también sabemos que las provincias están absolutamente desfinanciadas por el perverso manejo de la caja que hace el poder central.
Pieza clave en esta situación son los gobernadores. Se sienten muy cómodos en el sistema de premios y castigos que se aplica desde Olivos, que lejos de recompensar a las buenas administraciones, mide todo con la vara política. Se valora la obediencia de los diputados, la asistencia aduladora a los actos de la rosada u otros actos políticos, y los elogios mediáticos a las acciones del gobierno nacional. Obviamente también se valora muchísimo la puesta a disposición de los aparatos políticos en tiempos de elecciones.
La injusta regulación que reparte los fondos entre la nación y las provincias solo es puesta en escena en tibias declaraciones de algunos gobernadores, donde normalmente se victimizan, quizás sin ser conscientes de que tienen en sus manos las llaves del cambio.
En el sistema actual de superpoderes y coparticipación, el gobierno nacional transfiere a las provincias solo un cuarto de lo que recauda, mientras que las tres cuartas partes restantes quedan a su disposición. Esa enorme masa de recursos es administrada de manera poco previsible y se utiliza entre otras cosas para asistencia social (generalmente con fines políticos), subsidios a todo tipo de empresas (aerolíneas, energía, transporte, etc.) y también para obra pública e infraestructura, que se utiliza directamente como moneda de cambio ante gobernadores, intendentes y demás. El gobernador Colombi es un ejemplo perfectamente blanqueado de sometimiento político a cambio de obra pública y estabilidad financiera para su provincia.
En este modelo unitario que reina hoy en la República Argentina todo se decide desde Olivos, y los gobernadores, aunque son votados por los habitantes de cada provincia están desprovistos de poder real y solo son acompañantes pasivos del sistema.
Ante un debilitado gobierno nacional, sin mayoría parlamentaria ni control de importantes comisiones, es el momento de que diputados (representantes de los ciudadanos) y senadores (representantes de las provincias) utilicen el poder que la ciudadanía les concede para elaborar una razonable ley de coparticipación de impuestos que asigne a las provincias el poder y la autonomía necesarios para el correcto funcionamiento del sistema federal. Que acabe con la discrecionalidad en la asignación de los recursos y los votantes podamos evaluar las gestiones de los gobiernos provinciales en base a parámetros concretos de buena administración y no en base a influencias, amistades o conveniencias políticas.
Si bien los diputados, senadores y gobernadores, tienen hoy todo el poder para modificar esta injusta (y quizás anticonstitucional) relación entre Nación y Provincias, su actitud pasiva (o timorata) puede deberse al bajo nivel de exigencia de los votantes.
Quizás tantos años de paternalismo hayan traído como consecuencia que los ciudadanos no terminen de darse cuenta de que en muchísimos temas el interés del político es diferente al interés de la gente. Estamos muy acostumbrados a delegar y después a quejarnos, pero bastante poco sabemos exigir a nuestros representantes de que expresen nuestra voluntad.
Juan Pablo Serra
Economista
jpserra@hotmail.com
Publicado el 20-12-2009 en ADN Río Negro http://www.adnrionegro.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=25374&Itemid=1
20-12-2009 11:12. DERECHOS RESERVADOS. Permitida la reproducción total o parcial del artículo sólo citando la fuente .
