Para la fruticultura hay que esperar a la temporada 2013

Escribe Maximo Daga, Lic. en Comercio Internacional

La idea de este análisis es dar una breve opinión sobre la principal actividad de la provincia en momentos de la asunción de un nuevo gobierno, sin basarse en estadísticas, números ó porcentajes, pero escrita con total independencia, al no tener ninguna vinculación con las autoridades provinciales, con productores ó empresas del sector.
Existía y sigue habiendo mucha expectativa con el nuevo gobernador de la Provincia de Río Negro, ya que cualquier cambio de color político luego de tantos años de mandato de otro, trae una bocanada de aire fresco.
¿Pero alguien creía que desde la asunción del gobierno de Soria al 6, 7 u 8 de enero (inicio aproximado de la cosecha Williams) iba a haber grandes anuncios para el sector frutícola? Es imposible que un gobierno provincial en 25 días logre un cambio tan importante en esta actividad productiva. Sus prioridades inmediatas pasan por otro lado, conseguir el auxilio financiero para el pago de los sueldos de diciembre, aguinaldos, bajar el déficit mensual, terminar de designar el equipo de trabajo, entre otros puntos salientes.
Las medidas a aplicar en la fruticultura son en su gran mayoría competentes al gobierno nacional y suponen de parte de nuestros funcionarios provinciales un largo camino de recorrer pasillos de Buenos Aires, reuniones en ministerios y despachos, presentar múltiples informes, etc.
Como todo el mundo sabe, la fruticultura regional no es competitiva con este tipo de cambio, con los actuales índices de inflación, que conllevan a constantes subas de salarios, insumos y materias primas. En el contexto internacional estas subas no se las podemos volcar a nuestros compradores, porque, salvo contadas excepciones no existen cambios bruscos en los precios, sino que son bastantes estables a la largo de los años. Sí, en esta ocasión, le tenemos que sumar la incertidumbre mundial actual, y la crisis en ciertos mercados, principalmente en el principal comprador de nuestra producción como es el Europeo.
Es real que el tipo de cambio de hoy no favorece a esta actividad, pero por el momento, se supone que la idea del gobierno nacional es mantenerlo en esos valores por un tiempo, y no tiene intenciones de aplicar distintos tipos de cambio para cada una de las actividades productivas, o pagar un dólar diferenciado para la exportación de frutas.
Ante esta situación, hay que buscar otro tipo de medidas, como ser:

  1. Eliminación de los derechos de exportación. Las mal llamada retenciones. En la actualidad son de un 5%.
  2. La vuelta de los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos (En San Antonio y Madryn quedaron en 0% desde el año 2007) 
  3. Baja de aportes y contribuciones patronales. Algo similar a lo que hizo Dilma Rousseff a poco de asumir, para las industrias y economías regionales con mano de obra intensiva, que no podían ser competitivas con los índices de inflación y el tipo de cambio que tenía Brasil.
  4. Aumento de los reintegros a la exportación de peras y manzanas.
Por supuesto que estas medidas van a favorecer en el corto y mediano plazo de manera más directa a los dueños de galpones de empaque y a los exportadores, pero hay que buscar el mecanismo para que esos beneficios también lleguen a los productores.

También se podrían aplicar otras medidas adicionales, como gas-oil diferencial para la producción frutícola, negociar a través de cancillería para lograr reducción de aranceles a la importación en los mercados de destino ó reconversión productiva entre otras acciones. Pero estos puntos lo dejaremos para otra oportunidad, ya que no es el motivo de este análisis.
Los puntos que se pueden aplicar de forma más rápida son las primeros cuatro, siempre y cuando haya voluntad política del gobierno nacional. Las primeras dos medidas fueron nombradas en ciertos momentos por el Senador Pichetto.
Ahora bien, para lograr algunos de estos beneficios se necesitan, insistencia, meses de trabajo y de golpear puertas.
Por eso el título de este artículo, que dada la reciente asunción del gobierno provincial, sus prioridades antes mencionadas, y las del gobierno nacional que no tienen a la fruticultura entre las suyas, aunque le duela a mucha gente, la fruticultura deberá esperar que las negociaciones sean exitosas en el 2012, para poder aplicar los logros obtenidos y ver sus frutos en el 2013.
Espero equivocarme, y que se logre antes.

Gracias a Juan Pablo Serra por brindarme su blog.

Lic. Maximo Daga.
maxidaga@hotmail.com
twitter.com/maxidaga

Inflación y reforma impositiva

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La enfermedad Holandesa

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Posición sobre el aborto.

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Factores internos y externos que determinarán el futuro de la economía argentina.

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Desafíos económicos del próximo gobierno de Rio Negro

Publicado en RocaDigital el 29-9-11
Río Negro es quizás la provincia más desmembrada del país. Esto se manifiesta en las enormes diferencias demográficas, culturales, sociales, educativas y económicas. Un desafío para el nuevo gobierno será la interpretación de esta realidad y la planificación de las acciones a llevar a cabo para acompañar el desarrollo económico de la provincia. La fruticultura es una de las actividades más importantes, y quizás la qué más necesitada está de políticas de Estado serias. Durante muchísimos años los gobiernos provincial y nacional intervinieron sin estrategias definidas (apagando incendios) en el sector. Lamentablemente el impacto conseguido es absolutamente nulo a nivel sectorial. Deberá el nuevo gobierno definir claramente cuál será la participación del Estado provincial en el sector. Y esta participación debe exceder el concepto de fruticultura, ya que en las tierras irrigadas de los valles se realizan cada vez más actividades alternativas como horticultura, vitivinicultura, forrajes, frutas finas, olivicultura y otras. Hay que abandonar el paradigma del monocultivo de frutas de pepita. El rol del Estado debería enfocarse en todas aquellas actividades que le son imposibles a los actores del sector, disminución de trabas burocráticas, apertura de nuevos mercados, asistencia técnica, obras de infraestructura y marco regulatorio. Siempre teniendo en cuenta el interés del sector y no los intereses particulares. Lamentablemente no es el gobierno el que puede transformar en rentable un negocio que no lo es, a pesar de que el reclamo sostenido del sector es la falta de rentabilidad. El análisis deberá empezar de cero. Un segundo eje económico muy importante en la provincia es la actividad de la construcción. La misma está motorizada principalmente por la obra pública. En estos últimos años las provincias y los municipios no cuentan con los recursos propios para financiar las obras necesarias, y su rol ha mutado a ser gestores frente al Estado nacional y organismos de financiamiento internacionales. Tanto la actual administración provincial como la del municipio de General Roca se han destacado en este aspecto y han sabido conseguir importantes fondos para realizar obras y mantener en un buen nivel la actividad de la construcción y el elevado nivel de ocupación que esta industria (y todas las relacionadas) genera. Aún hay muchísimas obras por realizar. En la provincia hay déficit de viviendas, de escuelas de jornada extendida, de pavimento de calles y rutas, obras de riego, infraestructura eléctrica, de gas y demás. Es de esperar que la actividad de la construcción se mantenga a buen ritmo. Más controvertidas son las actividades de los sectores minero e hidrocarburífero. Se habló de la creación de una empresa petrolera estatal (aunque ya existe una), lo cual genera más dudas que entusiasmo. Más efectivo sería que el Estado provincial asuma con responsabilidad el rol de contralor, de manera transparente y responsable, de las empresas que operan en la provincia, para que la actividad siga con los buenos indicadores de producción que tiene. Con respecto a los proyectos mineros, no debemos olvidar que nuestra Constitución Provincial es una de las que más énfasis ponen en la protección del ambiente (hasta en el preámbulo) por lo que los megaproyectos de explotación minera deberían ser acordados por toda la ciudadanía y no solo por el gobierno. El banco provincial es otro de los proyectos que muchas veces se menciona como promesa política. Obviamente no es algo realizable en el corto plazo, y la experiencia en ese sentido en nuestra provincia y en muchas otras no ha sido nada buena. Sin embargo se pueden realizar acuerdos beneficiosos con los bancos existentes para ofrecer financiamiento productivo a los sectores que lo necesiten. Párrafo aparte merece la discusión de cómo vamos a aprovechar los enormes avances tecnológicos y el alza de precios que se manifiestan en la agricultura con fines alimentarios. Si es con chinos o sin chinos. Lo que no debe discutirse es que es absolutamente necesario ampliar las capacidades productivas reales de la provincia, que cada vez están más lejanas de su potencial. Es entendible que las prioridades de la nueva administración pasen por lo financiero (sueldos, ingresos, deuda, etc.) pero será el acompañamiento a las actividades económicas lo que generará el salto cualitativo en la calidad de vida de los rionegrinos.

Desafíos económicos del gobierno de Soria en Río Negro

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La identidad genética ¿derecho u obligación?


Publicado en ADN el 21-8-11

Opinar sobre el derecho a la identidad ha sido en los últimos tiempos una tarea bastante complicada. El caso Noble Herrera hacía suponer que en realidad todas las opiniones tenían intereses a favor o en contra del Grupo Clarín. Increíble.
Pasado (o atenuado) el fenómeno mediático es un buen momento para abordar el tema.
Desde el 2009 rige la ley de la extracción compulsiva de ADN. Esta ley obliga a los sospechados de ser hijos de desaparecidos a dar muestras de ADN contra su voluntad.
En estos casos hay un claro conflicto de derechos. Por un lado hay una familia que quiere encontrar a sus familiares (generalmente nietos) y por otro lado una persona que se niega a conocer sus orígenes.
Si bien no soy abogado ni experto en leyes, no me parece razonable obligar a una persona que no cometió ningún delito (ni es sospechado de haberlo cometido) a someterse a un examen de ADN. Si un individuo mayor de edad prefiere no conocer su identidad genética, esta decisión debería ser respetada.
Obviamente en estos casos no existe una solución que pueda satisfacer a ambas partes, ni siquiera parcialmente, por lo que considero que debe ser cada persona la que decida someterse o no a un análisis y no que la obliguen a conocer su identidad.

Ajuste en Estados Unidos

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Sarmiento

13-9-11 Programa Perfil Roquense, Radio Show Roca FM 98.5 www.radioshowroca.com.ar facebook y twitter: radioshowroca

Escalada en el precio del dólar y perspectivas.

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Caída del gobierno en Libia

30-8-11 Programa Perfil Roquense, Radio Show Roca FM 98.5 www.radioshowroca.com.ar facebook y twitter: radioshowroca

La crisis financiera internacional y su impacto en nuestra región

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Análisis de las elecciones primarias.

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La penosa intervención del estado en la fruticultura


La situación ideal de la producción de frutas comprende a un productor capitalizado, con acceso al crédito bancario, con sólidos conocimientos de la actividad y del mercado, produciendo las variedades más requeridas de primera calidad, y con un tamaño de explotación (15-35 has.) que pueda manejarse sin una importante estructura administrativa, pagando los impuestos correspondientes y con “espalda financiera” para soportar malas temporadas.
El precio al que vende su producción es el que le permite mantener la calidad y cantidad de producción, renovar las maquinarias agrícolas necesarias, capacitarse constantemente y llevar un digno nivel de vida. En el caso de los más emprendedores es posible que logren algún grado de integración vertical (empaque, frío y comercialización).
Este productor sabe que si se “duerme” y no se mantiene actualizado, puede quedar rezagado y tener que dejar el lugar a quien sea capaz de hacerlo mejor que él. Nada diferente a lo que ocurre con los empresarios de cualquier otra actividad productiva o comercial.
Sin embargo, la realidad hoy es más cercana a productores descapitalizados y desfinanciados, sin acceso al crédito bancario, produciendo fruta no valorada por el mercado, con maquinaria obsoleta y sin posibilidad de renovarla, sin capacitación y con unidades de explotación de tamaño poco eficiente. En muchos casos reciben ayuda de los gobiernos provincial y nacional que no les permite mucho más que la subsistencia. De más está decir, que el hecho de que gran parte de las limitadas tierras productivas del Alto Valle esté en manos de este tipo de productores no es lo mejor para la economía regional.
Orgullosos, los legisladores exponen como un logro la sanción de la ley 4348 que suspende los remates hipotecarios.
Si bien nadie puede negar que cualquier productor prefiere que no le rematen la chacra a que sí se la rematen, y que obviamente se verá beneficiado por la ley; el análisis debe ser mucho más profundo para ver si realmente beneficia o entorpece la actividad económica.
Saliendo de la situación de la familia desesperada porque le van a rematar la chacra y mirando la realidad desde la perspectiva del negocio, claramente los perjuicios superan a los beneficios.
Los perjudicados son muchos otros productores y el negocio en general.
Se perjudican en primer término los productores que sí hicieron el esfuerzo de cancelar el crédito, que se sienten en una situación de desventaja.
También se perjudican los productores que quieren financiarse con créditos bancarios, porque los bancos, (que no hacen beneficencia ni deben hacerlo) no están dispuestos a otorgar créditos al sector productor, ya que tienen la imposibilidad de ejecutar la garantía en caso de no poder cobrar sus deudas.
Se interfiere en el proceso de transferencia de las tierras a quién mejor uso puede hacer de las mismas. Si se remata una chacra, seguramente va a ir a manos de quién pueda hacer un buen uso de la misma, con conocimientos técnicos y recursos financieros para hacerla rentable.
Y además, el banco va a recibir el dinero adeudado y puede volver a prestarlo.
O sea que sin querer se está limitando el acceso al crédito del sector productor y se está desaprovechando la posibilidad de darle un mejor uso a una buena parte de la limitada superficie de tierras del Alto Valle. Perjudicando así el negocio en general.
Dado que muchos productores no tienen los conocimientos técnicos ni los recursos financieros para producir y que esta ley (y otras políticas públicas) no hace más que acentuar esos problemas, se está dando la oportunidad a que sean las grandes empresas integradas las que se dediquen a producir su propia fruta, porque no encuentran productores confiables. Es decir que esta ley también fomenta la tan temida concentración.
Los costos unitarios de producción son más bajos para un productor que para una empresa, debido a que no tiene una gran estructura administrativa que soportar. Por lo tanto es conveniente para una empresa exportadora comprar la fruta (si cumple con los requerimientos del mercado) y no producirla. Sin embargo, muchos de los productores no están en condiciones técnicas, económicas ni financieras de producir frutas de calidad, entonces son las empresas exportadoras las que se vuelcan a la producción, aún siendo ineficientes, porque sí tienen acceso al crédito bancario y conocimientos técnicos.
La actuación estatal hoy es casi una política social, se preocupa por los casos particulares, sin tener en cuenta lo productivo, ni mucho menos la economía regional. Mediante subsidios y otros beneficios mantiene en estado latente a un importante grupo de productores con políticas asistencialistas. Estas políticas de ninguna manera fomentan que se alcance el potencial productivo de nuestras tierras.
Sería muy positivo que el estado ponga toda su energía en aquellos aspectos que no son alcanzables por los privados. Eliminar las trabas burocráticas, arancelarias y no arancelarias. Desarrollar y mantener vías de comunicación para facilitar la logística nacional e internacional. Trabajar a nivel diplomático para llegar a nuevos mercados internacionales. Y obviamente, controlar a empresas y productores en el cumplimiento de las obligaciones sanitarias, tributarias y laborales.
Dejando que el mercado actúe con sus propios mecanismos de premios y castigos, que es el camino a una producción de calidad.

Publicado en ADN Río Negro el 27-1-11