Finalmente en la campaña se empezó a hablar de los temas profundos. De aquellos temas que cualquier sociedad más o menos madura discute antes de las elecciones. Temas que hacen a las bases y al futuro de lo que queremos construir, pero tratados a la argentina.
La parte central del debate giró en torno del rol que debe tener el estado en la economía.
Macri tiró la piedra, en el momento justo, exigiendo la reprivatización de Aerolíneas Argentinas, empresa que beneficia a muy pocos (algunos viajeros y algunos empleados) y que le cuesta al estado nacional una suma mayor al millón de dólares diarios.
El oficialismo retrucó, con su caballito de batalla; la tragedia de los noventa.
No es un tema solo de políticos sino también de toda la sociedad, el bajísimo nivel que tienen las discusiones sobre el tema. Los críticos a las privatizaciones ponen ejemplos (cómo el de Aerolíneas) de la pésima gestión privada de las firmas. Y los privatistas hablan de la pésima gestión estatal de las mismas (el caso Entel, que tardaba hasta 20 años en instalar una línea o el citado caso de la ahora estatizada Aerolíneas). Se discute sobre calidad de gestión y no sobre ideología, y obviamente, ejemplos de paupérrima gestión tenemos por parte del estado y del sector privado. Se discute sobre ejemplos.
Pero la teoría existe. Hay consenso entre los economistas en que es el estado, aquel que tiene proveer los bienes públicos, o por su cuenta o mediante concesiones perfectamente controladas y transparentes.
Debe el estado demostrar eficiencia y eficacia en la provisión de salud, educación, seguridad, justicia y defensa. Son funciones prácticamente indelegables.
Además, el estado suele permitirse beneficiarse con el monopolio de algún recurso específico y estratégico como hidrocarburos, minería, armamento o energía atómica. Viene al caso la estatal chilena Codelco, empresa explotadora de cobre valuada en 27.000 millones de dólares.
También el estado muchas veces tiene que ser el impulsor del desarrollo de la infraestructura que permita un más rápido desarrollo económico y un aumento en el bienestar de los habitantes (rutas, puertos, redes de agua y cloacas, gas, pavimento y hasta vivienda).
Cómo último punto vamos a agregar que es función del estado controlar a los monopolios naturales, normalmente proveedores de servicios públicos como agua, luz y gas, que son sectores donde la competencia es técnicamente imposible e indeseable.
Un estado que brinda con eficiencia estos servicios, con un alto nivel satisfacción de los ciudadanos, habrá cumplido con los requisitos mínimos para empezar a pensar en intervenir en otros ámbitos de la economía, como pueden ser el transporte aéreo, ferroviario o las telecomunicaciones.
La Argentina de hoy lejos está de este ideal. Salud, educación, seguridad y parte de la justicia están completamente desfinanciadas, ya que son responsabilidad de las provincias y el gobierno nacional al parecer es muy celoso de la caja. Debería interpretarse como un desatino manejar Aerolíneas para favorecer a unos pocos viajeros y otros tanos empleados gastando cuatro o cinco millones de pesos al día.
Si las funciones indiscutibles del estado estuviesen cumpliéndose de maravillas, podríamos estar hablando y discutiendo acerca de la conveniencia o no de la intervención estatal en el transporte aéreo o en el sistema financiero, y recién ahí florecerían las posiciones ideológicas. Pero lamentablemente el momento actual nos obliga a exigir básicamente calidad de gestión.
La parte central del debate giró en torno del rol que debe tener el estado en la economía.
Macri tiró la piedra, en el momento justo, exigiendo la reprivatización de Aerolíneas Argentinas, empresa que beneficia a muy pocos (algunos viajeros y algunos empleados) y que le cuesta al estado nacional una suma mayor al millón de dólares diarios.
El oficialismo retrucó, con su caballito de batalla; la tragedia de los noventa.
No es un tema solo de políticos sino también de toda la sociedad, el bajísimo nivel que tienen las discusiones sobre el tema. Los críticos a las privatizaciones ponen ejemplos (cómo el de Aerolíneas) de la pésima gestión privada de las firmas. Y los privatistas hablan de la pésima gestión estatal de las mismas (el caso Entel, que tardaba hasta 20 años en instalar una línea o el citado caso de la ahora estatizada Aerolíneas). Se discute sobre calidad de gestión y no sobre ideología, y obviamente, ejemplos de paupérrima gestión tenemos por parte del estado y del sector privado. Se discute sobre ejemplos.
Pero la teoría existe. Hay consenso entre los economistas en que es el estado, aquel que tiene proveer los bienes públicos, o por su cuenta o mediante concesiones perfectamente controladas y transparentes.
Debe el estado demostrar eficiencia y eficacia en la provisión de salud, educación, seguridad, justicia y defensa. Son funciones prácticamente indelegables.
Además, el estado suele permitirse beneficiarse con el monopolio de algún recurso específico y estratégico como hidrocarburos, minería, armamento o energía atómica. Viene al caso la estatal chilena Codelco, empresa explotadora de cobre valuada en 27.000 millones de dólares.
También el estado muchas veces tiene que ser el impulsor del desarrollo de la infraestructura que permita un más rápido desarrollo económico y un aumento en el bienestar de los habitantes (rutas, puertos, redes de agua y cloacas, gas, pavimento y hasta vivienda).
Cómo último punto vamos a agregar que es función del estado controlar a los monopolios naturales, normalmente proveedores de servicios públicos como agua, luz y gas, que son sectores donde la competencia es técnicamente imposible e indeseable.
Un estado que brinda con eficiencia estos servicios, con un alto nivel satisfacción de los ciudadanos, habrá cumplido con los requisitos mínimos para empezar a pensar en intervenir en otros ámbitos de la economía, como pueden ser el transporte aéreo, ferroviario o las telecomunicaciones.
La Argentina de hoy lejos está de este ideal. Salud, educación, seguridad y parte de la justicia están completamente desfinanciadas, ya que son responsabilidad de las provincias y el gobierno nacional al parecer es muy celoso de la caja. Debería interpretarse como un desatino manejar Aerolíneas para favorecer a unos pocos viajeros y otros tanos empleados gastando cuatro o cinco millones de pesos al día.
Si las funciones indiscutibles del estado estuviesen cumpliéndose de maravillas, podríamos estar hablando y discutiendo acerca de la conveniencia o no de la intervención estatal en el transporte aéreo o en el sistema financiero, y recién ahí florecerían las posiciones ideológicas. Pero lamentablemente el momento actual nos obliga a exigir básicamente calidad de gestión.
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